Transnacionales al Festín del Petróleo

Apurado en tapar el déficit fiscal creado por el irresponsable manejo económico del país, Correa anunció la aprobación en combo de la nueva ley de Hidrocarburos, casi sin ser tratada en la Asamblea Nacional debido a que el oficialismo, haciendo uso de su autoritarismo y con una incipiente ventaja numérica por la compra de asambleístas, no permitió la socialización ni el debate y que, sin ton ni son, pasó por el ministerio de la Ley para empezar entregando en bandeja de plata el patrimonio petrolero del Estado a las empresas transnacionales que operan en el país.

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, por donde se le vea, además de inmoral, es inconstitucional y antinacional porque viabilizará la entrega de los recursos patrimoniales del Estado, contrariando entre otras disposiciones, el Art. 1 de la Constitución que dispone que: “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado”.

Con la reforma, todos los campos en exploración y producción, operados por las empresas estatales, y en los cuales no existe ningún riesgo exploratorio, podrán ser entregados “a dedo” a cualquier empresa nacional o extranjera. El ejemplo claro fue la entrega del Campo Sacha. La figura que viabilizará la transferencia de los campos petroleros a las empresas estatales extranjeras será la “delegación por excepción”.

Por esta vía, la reforma gubernamental pretende entregar a las transnacionales extranjeras, no solo el petróleo y el gas, sino todos los sectores estratégicos como el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), los oleoductos secundarios, el sistema de transporte de poliductos, gasoductos y terminales, así como las refinerías y negocios altamente rentables.

Con estas reformas claramente neoliberales, a las transnacionales se les disminuye el pago de impuestos a la renta del 44% al 25%. Y con una política de desmantelamiento de la empresa pública, el Estado tendrá una participación apenas del 25% de la explotación petrolera, mientras que las transnacionales se llevarán el 75%, otorgándoseles al mismo tiempo, la posibilidad de explotar y comercializar los hidrocarburos, restándole facultades al Estado. Pero no contento con esto, se permite eliminar el pago de regalías petroleras.

A pesar de todos estos regalos a las transnacionales, el gobierno de Correa reduce del 15% al 3% las utilidades a los trabajadores ecuatorianos, según dice, “para proyectos sociales” desconociendo los derechos laborales que son irrenunciables e imprescriptibles.

Los combatientes Populares, rechazamos enérgicamente la entrega de nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales y exigimos la terminación de aquellos contratos lesivos e ilegales, estableciendo auditorias económicas, operativas y ambientales, con sanción a los responsables de la corrupción e impunidad. Así mismo, en defensa de nuestra soberanía, ratificamos la nacionalización del petróleo, anhelo que solo es posible con la revolución social y no con el reformismo correísta.